24.000 euros al bote

El jefe de la Policía Municipal de Coslada, Ginés Jiménez, fue sancionado con 10 meses de empleo y sueldo en 2001 por una detención ilegal, bajo la alcaldía de Juan Manuel Granados (PSOE). Jiménez recurrió el castigo ante la justicia y solicitó que, por problemas económicos, se le abonara su salario durante la suspensión hasta que hubiese una condena en firme. El juzgado de lo contencioso-administrativo accedió, pero pidió a Jiménez que depositase un aval de 24.000 euros, cosa que hizo.

Ya condenado Jiménez en firme y con el PP en la alcaldía, en 2003, el abogado municipal solicitó por escrito al Juzgado de lo Contencioso- administrativo número 18 de Madrid que archivara el caso. "Por parte del Ayuntamiento de Coslada, no existe inconveniente en que pueda devolverse el referido aval", decía el escrito municipal, en poder de este periódico.

Jiménez recuperó el aval. Pese a que la condena era de 10 meses y medio sin empleo y sueldo, sólo cumplió seis sin trabajar, pero cobró el salario de ese semestre. Y se le devolvió el aval.