Guantánamo europeo

Un juez de Milán ha dictado una notable sentencia, en la que condena a 23 agentes de la CIA a penas superiores a los cinco años de cárcel por el secuestro, en 2003, de un imán, Abu Omar, que luego alegó haber sido torturado y fue trasladado a Alemania y después a Egipto.

La resolución es la primera respuesta jurídica al caso de los vuelos de la CIA (nada menos que 1.245 entre 2001 y 2005), tenebrosamente organizados por la agencia, en probable connivencia, al menos pasiva, con algunos Gobiernos europeos, y que fue atinadamente denunciada por el Parlamento de Estrasburgo, por desgracia sin consecuencias.

La victoria, hace un año, de Barack Obama en las elecciones norteamericanas supuso la ruina política de las tácticas ilegales para combatir a los presuntos terroristas, que se resumen en el síndrome de la cárcel alegal de Guantánamo. Un empeño perjudicial e inútil del ex presidente Bush que tuvo de patéticos corifeos a algunos políticos europeos como Tony Blair o José María Aznar.

La sentencia del juez milanés constituye el equivalente judicial de aquel fracaso político. Mayor mérito tiene por cuanto ha sido dictada en Italia, un país en el que el imperio de la ley está sometido a múltiples asechanzas por el poder populista y reaccionario de Silvio Berlusconi.

La ejemplaridad de la sentencia estriba en que, aunque alguien lo desease, será a partir de ahora más difícil cometer parecidos atropellos con los derechos humanos. Y adicionalmente, que los delitos revestidos de coartadas seudopolíticas tampoco quedan impunes.

La resolución judicial, sin embargo, topa con algunos límites. El primero es que los condenados difícilmente van a cumplir las penas impuestas, puesto que se hallan a buen recaudo. Y ni siquiera la nueva Administración de Obama parece dispuesta a facilitar que se haga justicia. Al menos, a tenor de lo manifestado por el portavoz del Departamento de Estado, quien no tuvo inconveniente en expresar su "desilusión por el veredicto".

El segundo límite está en que ni los primeros jefes de la CIA en el país transalpino (en virtud de la inmunidad consular solicitada por Washington), ni sus altos cómplices en los servicios secretos italianos (en virtud de la ley local de secretos oficiales) han sido condenados. Pagan, pues, y aún sólo simbólicamente, los empleados y no sus mandantes.