El Gobierno se aferra a la ley frente a las críticas al decreto del euskera en comercios

El viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, adujo ayer razones estrictamente legales para justificar la aprobación del decreto que obliga a atender en euskera en las empresas y los grandes establecimientos comerciales, una medida del Gobierno autonómico que ha sido recibida con fuertes críticas principalmente desde las filas del PSE y del PP. Baztarrika afirmó ayer que la no aprobación del citado decreto supondría incumplir "deliberadamente" la ley.

En un acto celebrado en Bilbao para debatir sobre El futuro del euskera en las empresas, Baztarrika hizo una defensa del decreto que desarrolla la ley del Estatuto de los Consumidores, vigente desde 2003, donde se estipula el derecho de éstos a "recibir en euskera y castellano la información sobre bienes y servicios", así como a "usar" y a ser atendidos en "cualquiera de las lenguas oficiales en sus relaciones con empresas y establecimientos". El decreto que lo desarrolla, y que recoge sanciones, fue calificado como una "imposición" por los socialistas, mientras que el PP habló de "intromisión".

Baztarrika aseguró que con él "no se impone la utilización del euskera, sino que se garantiza la posibilidad de utilización de los dos idiomas", y recalcó que su aplicación se irá produciendo de forma gradual durante los próximos cuatro años. El viceconsejero explicó que el documento legal no es vinculante para el pequeño comercio y las microempresas. El resto, deberán atender a los consumidores indistintamente en cualquiera de las dos lenguas oficiales y garantizar el bilingüismos en todo tipo de carteles, contratos y notificaciones.

En medio de la polémica, el presidemnte del PP, Mariano Rajoy, aprovechó su visita ayer a Bilbao para arremeter contra el decreto del tripartito y considerar "insultante" que, "en un mundo cada vez más globalizado, haya quien dé pasos en sentido contrario, hacia la Edad Media". Fue más allá e indicó que no está en contra de ninguna lengua, sino "a favor de la libertad". El máximo dirigente popular aprovechó la oportunidad para acusar al Ejecutivo vasco de "imponer" la educación en euskera a través del establecimiento del euskera como lengua vehicular en la enseñanza y defendió "el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y la lengua en la que quieren que sean escolarizados". El grupo parlamentario del PP, como ya anunció la víspera, presenta hoy una iniciativa en la Cámara en la que solicita la retirada del polémico decreto.

Por su parte, el consejero de Educación, Tontxu Campos, afirmó que el decreto que obliga a las grandes empresas comerciales a atender en euskera y castellano es "un paso más en el proceso de normalización lingüística".