El Supremo rechaza la demanda de la Junta de Andalucía contra el Estado por tabaquismo

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la petición realizada por la Junta de Andalucía para que el Estado, así como seis empresas tabaqueras, reintegraran los gastos sanitarios de 135 personas víctimas del abuso del tabaco, entre otras razones, por una "defectuosa articulación" jurídica.

En concreto, el TS desestima un recurso de casación de la Junta de Andalucía contra la decisión de la Audiencia Nacional de no admitir la demanda de la administración autonómica. Señala el fallo del Supremo que los preceptos invocados por la Junta como vulnerados son "ornamentales" y no entra a calificar el contenido de la demanda contra el Estado presentada por el Ejecutivo andaluz en septiembre de 2007 ante la Audiencia Nacional.

La Junta presentó inicialmente una demanda contra varias empresas tabaqueras, en el año 2001, la primera de este tipo en Europa, que después amplió contra la Administración central, propietaria de Tabacalera hasta 1998. Las compañías demandadas eran British American Tobacco, CITA, Altadis-Tabacalera, Tobacco Canary Island, Philips Morris y J.T. International, principales distribuidores de tabaco en España, y a las que el Ejecutivo andaluz pedía 1,77 millones de euros.

La reclamación se basaba en un artículo del Código Civil sobre responsabilidad objetiva, que indica que aquel que se enriquezca produciendo daño a un tercero debe pagar por el perjuicio. El objetivo del proceso era conseguir que se declarara la relación causa-efecto entre el consumo de tabaco y el desarrollo de determinadas patologías, fundamentalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el infarto de miocardio y el cáncer de pulmón. El proceso se inició en 2000, después de que quien era entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunciara en su discurso de investidura una querella contra las tabaqueras si no asumían los gastos generados por el tabaquismo en la comunidad, que cifró en más de 360 millones de euros.

Las tabaqueras rechazaron tal reclamación, por lo que la Junta autorizó que sus servicios jurídicos interpusieran una demanda civil. En febrero de 2004, el Ejecutivo regional incluyó a la Administración General del Estado en la demanda, después de que el Juzgado de Instrucción número 68 de Madrid le obligara para poder continuar con el proceso como antigua propietaria de Tabacalera o, en caso contrario, proceder a su archivo definitivo.

Vía contencioso-administrativa

La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha asegurado que la Junta acata la decisión del Supremo, aunque ha lamentado que "no haya entrado" en el "fondo de la cuestión", un hecho que ha achacado a la "estrategia dilatoria" que desde hace años aplica la industria tabaquera. La consejera ha recordado que cuando la Audiencia Nacional se posicionó en contra del recurso de la Junta, ésta, por una parte, acudió al Tribunal Supremo y, por otra, abrió una vía contencioso-administrativa por vía patrimonial del Estado.

Montero ha confiado en que al final "por esa vía se pueda entrar" y haya un pronunciamiento sobre lo que hay detrás del expediente presentado por la Junta, "que es demostrar que la industria tabaquera, aún a sabiendas de que manipulaba la voluntad del ciudadano, no informó del riesgo de la sustancia que comercializaba y que añadía sustancias no declaradas".